A finales del mes de abril la Comisión
de Economía aprobaba la Ley
para reforzar la protección de los deudores hipotecarios, reestructuración de
la deuda y alquiler social.
Esta
Ley se ha aprobado exclusivamente con los votos del PP y con duras críticas de
los partidos de la oposición y de la calle.
En todos sitios leo, veo y escucho un clamor popular
que exige la dación en pago para todos los casos y con carácter retroactivo.
Exigencia defendida desde hace algún tiempo por la plataforma antidesahucios, a
mi juicio de forma irresponsable y demagógica llegando incluso a rayar lo
delictivo en la utilización de coacciones e intimidaciones a diputados del PP.
Y digo coacciones porque me niego a utilizar la palabra “escrache”, importada
de Argentina, que lo que esconde, de manera adornada, es una intimidación y
coacción en toda regla para presionar a diputados elegidos democráticamente e
imponer por la fuerza un criterio personal, tan lícito y respetable como el
contrario.
El
PSOE, que en su época de gobierno se negaba a aceptar la dación en pago, ahora
por intereses puramente electoralistas la defiende.
Desde
mi modesta opinión, la dación en pago no es la solución al problema de esas
familias a las que la crisis y el desempleo les impide hacer frente a sus obligaciones
hipotecarias. En primer lugar, porque entregan la casa, pero se quedan sin ella.
Y no se trata de echar a la gente a la calle, sino de facilitarles que puedan
hacer frente a sus deudas, para conservar sus viviendas en la medida de lo
posible, flexibilizando la forma de pago y la devolución de sus créditos.
En
segundo lugar, porque las garantías jurídicas que ofrece el sistema español han
permitido conceder préstamos con intereses más bajos que en otros países donde
se contempla la posibilidad de la dación en pago. Yo les preguntaría a aquellos
que la defienden: ¿Podría comprar su casa si el banco sólo le ofreciera el 50%
de su valor y si tuviera que pagar un 14 % de interés?
En
tercer lugar, porque los expertos advierten de que no se deben realizar reformas
con carácter retroactivo ya que supone cambiar las reglas de juego a mitad del
partido con la inseguridad que ello supone. Y porque la banca, por muy mal que
nos caiga, es la que facilita que podamos abrir negocios, montar empresas,
comprar propiedades… si se les exige la asunción de más riesgo, nos exigirán
más condiciones.
Está claro que hay que
luchar contra la usura, contra los intereses de demora leoninos, contra la
especulación, contra el abuso… que hay que buscar soluciones a las personas que
no pueden hacer frente a sus deudas. Pero lo que no se puede defender, porque
es una falacia, es que la dación en pago, en todos los casos, sea la solución.
Ni que nuestro sistema financiero,
bastante tocado y en proceso de recuperación, pudiera soportar una
reforma como la exigida por la plataforma.
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